Es urgente articular la educación superior con el campo laboral para la población indígena, pues de otra forma se construyen falsas expectativas sobre este nivel educativo y se podría fracturar su alcance como una palanca social y de transformación para las personas y sus comunidades, consideró la directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), Gabriela de la Cruz Flores.
Ante representantes de 21 instituciones de educación de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, la doctora en Psicología explicó que por ello el Instituto a su cargo organizó el “Foro académico Perspectivas Interdisciplinarias sobre trayectorias de Jóvenes Indígenas en y más allá de la educación superior”.
El objetivo es realizar análisis crítico y sistemático de la enseñanza en ese nivel para los pueblos originarios, en particular en su trascendencia en las trayectorias e identidades de las y los alumnos indígenas en distintas dimensiones sociales.
Durante los trabajos del encuentro, realizado en el auditorio del IISUE, la investigadora recordó que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó porcentajes reveladores sobre el acceso a educación superior para población indígena: solo 6.4 por ciento de hombres y 5.1 de mujeres han alcanzado ese nivel de escolaridad.
Agregó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 identificó que entre las principales problemáticas que enfrentan quienes tienen 12 años o más, destacan: falta de oportunidades para seguir estudiando (10.6 por ciento de personas) y de empleo (18.5 por ciento).
Por ello, los trabajos del Foro incluyeron cinco ejes temáticos: identidad e interseccionalidad; raza, racismo y discriminación; relaciones sociales; geografía, diáspora y migración; así como enseñanza superior en el contexto de la pandemia.
En ese sentido, De la Cruz Flores destacó que esos ejes permiten trazar problemáticas que ponen en riesgo el derecho a su educación y, con ello, una enseñanza plurilingüe e intercultural basada en el respeto, la promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural que establece el Artículo Tercero de nuestra Constitución.
