La informalidad laboral en San Luis Potosí es una problemática que debe ser atendida con urgencia por las autoridades de los 3 niveles de gobierno en coordinación con la Iniciativa Privada, porque representa una amenaza para el crecimiento de la economía en San Luis Potosì y en la región Bajío, aseguró Fernando Díaz de León Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).
De acuerdo a los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en la ciudad de San Luis Potosí más de 197 mil personas laboran en la informalidad, cifra que representa un 35.5% de la población ocupada.
“No incentivar la formalidad representa un grave problema, porque muchos potosinos y potosinas tienen que trabajar en unidades económicas con bajos salarios, escasa estabilidad laboral, vulnerabilidad de sus derechos laborales y prácticamente nula contribución al sistema tributario”, precisó.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.
La informalidad vulnera el bienestar de los trabajadores impidiendo su acceso a cobertura de salud o vivienda, además de transgredir los derechos de los consumidores y dañar la economía de México limitando su crecimiento.
A nivel nacional, el 55.2 por ciento de la población ocupada trabaja en la informalidad, un porcentaje mayor que en San Luis Potosí, pero para Díaz de León Hernández la estadística a nivel país no debe ser motivo para “echar las campanas al vuelo”, por el contrario, llamó a redoblar esfuerzos para reducir la estadística.
“Combatir el empleo informal es un desafío importante que requiere una combinación de políticas y acciones a nivel gubernamental, empresarial y social”, sostuvo el líder empresarial.
Sugirió crear programas y políticas que incentiven a los empleadores a registrarse y formalizar sus actividades económicas. Esto podría incluir reducciones en los impuestos y simplificación de procedimientos para registrar una empresa o contratar empleados de manera legal.
También llevar a cabo campañas de concientización sobre los beneficios de la formalización, tanto para los trabajadores como para las empresas. Esto podría incluir información sobre seguridad social, acceso a créditos y otros servicios disponibles para empresas formales.
Pero advirtió que estas medidas deben ir de la mano de un reforzamiento de la fiscalización de las actividades económicas informales, especialmente en sectores que históricamente han tenido altos niveles de empleo informal.
Finalmente, reconoció que combatir la informalidad será un proceso gradual que requiere un enfoque integral y sostenido a largo plazo. Además, las soluciones deben adaptarse a las circunstancias económicas y sociales del estado y del país y estar respaldadas por políticas efectivas y una cooperación activa entre diversos actores.
