La diputada de Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga, dijo que la nueva Ley de Fiscalización en el Estado representa un retroceso a la transparencia y rendición de cuentas, regresa el poder a los diputados y condiciona la participación de la ciudadanía en el tema de fiscalización de las cuentas públicas de los entes auditables.
Martínez Lárraga dijo que la minuta de 12 turnos, en un solo dictamen de decreto que incluye 269 páginas, y que fue aprobada por mayoría en el Congreso del Estado, es una Ley que regresa al pasado en el tema de transparencia y rendición de cuentas; “Un pasado en donde reinaba la corrupción y el amago a alcaldes y funcionario con las cuentas públicas; yo les pregunto ¿Dónde está el cambio que prometieron?”; enfatizó.
Indicó que en esta reforma se le dan muchas atribuciones a la Comisión de Vigilancia, e incluso para la contratación de asesores especializados; sin establecer que darle esas atribuciones a los diputados de la Comisión, también representa una falta de libertad y transparencia; “No se les olvide que el paga manda y esta historia ya la vivimos en el pasado”; apuntó.
Dijo que además la Ley establece que se invitará a la sociedad civil organizada, pero con la salvedad de “cuando se considere pertinente”, lo que consideró fuera de todo lugar, porque los poderes del Estado necesitan de la sociedad civil organizada, que se involucre y que participe activamente en temas de transparencia y rendición de cuentas.
“Es importante que la ciudadanía participe y que se le rinda cuentas a la sociedad de cada peso que se gasta, porque precisamente una de las inconsistencias que normalmente se da en los municipios y comunidades, es que no existen las obras, como pavimentación de calles, las cuales, se dan por hechas solo en papeles”; explicó.
La diputada les pidió a los diputados que aprobaron la Ley de Fiscalización que den a conocer las afectaciones presupuestales que el proyecto representa, porque además de verse obligados a implementar una firma electrónica avanzada, también se debe de considerar que hay Ayuntamientos que tienen un equipo de computo obsoleto.
Por último cuestionó porque al titular del Instituto de fiscalización le piden los requisitos de experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades; mientras que a los titulares coordinadores se les pide 5 años de experiencia en materia, actividades y funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación de gasto publico del desempeño, y de políticas públicas, administración financiera o manejo de recursos.
“Solo mis compañeros de MC y su servidora votamos en contra; porque tristemente no hay en San Luis una oposición o contrapeso en el Congreso del Estado, los diputados y diputadas de PAN y PRI, siempre votan a favor todas las propuestas del partido en el poder”; concluyó.
