De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, del 58% a 62% de los plásticos de todo el mundo se envían directamente a vertederos, mientras que ocho millones de toneladas de plástico fluyen hacia los océanos cada año, generando una crisis mundial que se refleja en graves impactos en la salud, el medio ambiente, la economía y las comunidades. Este problema rebasa las fronteras y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables.
Por lo anterior, la comunidad internacional se dio cita del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Punta del Este, Uruguay, para celebrar de manera híbrida la primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-1) para la generación de un instrumento jurídicamente vinculante para la eliminación de la basura plástica, incluyendo la basura marina. Este Comité es producto de la resolución 14 de la 5ª reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para abordar la crisis generada por la basura plástica.
México participó activamente en las deliberaciones de este Comité con una delegación compuesta por integrantes de la SRE, Semarnat, Conapesca y Semar, así como de representantes de la sociedad civil.
Durante los trabajos del INC-1, México resaltó la importancia de la incorporación en la construcción del acuerdo de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, organizaciones especializadas de la sociedad civil, y el sector académico. En ese sentido, se pronunció a favor de que el proceso se base en la mejor ciencia disponible, los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas, y personas trabajadoras e informales de la recolección de residuos, en un marco de diálogo de saberes. Poniendo en el centro de las deliberaciones el respeto del derecho a un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible, y el derecho a la salud.
La delegación mexicana destacó la importancia del Principio 10 de la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú en cuanto a los derechos de acceso a la información y la participación pública, con la finalidad de tener una mayor transparencia en la información proporcionada por los diferentes actores involucrados.
México promovió que en el texto del tratado, expertos legales y técnicos desarrollen los principales elementos para impulsar la implementación y el cumplimiento, la evaluación exhaustiva y periódica de los reportes de las partes, a fin de que los órganos que se generen en el marco de este Comité proporcionen balances, datos y recomendaciones para evaluar la eficacia y avanzar en el cumplimiento del objetivo del tratado que se generará.
Con el objetivo de agilizar la conclusión de este importante acuerdo, México propuso que se retomen elementos de acuerdos ambientales internacionales similares como los modelos de Minamata, Basilea, Róterdam y Estocolmo.
La delegación mexicana se pronunció por la necesidad de una mayor colaboración internacional para facilitar el acceso a la tecnología, el desarrollo de capacidades, así como la cooperación científica y técnica para cubrir todas las brechas, por lo que consideró priorizar la coordinación con los instrumentos regionales e internacionales existentes atendiendo necesidades nacionales y problemáticas locales.
Finalmente, México anunció su adhesión a la Coalición de Alta Ambición para la eliminación de la basura plástica, una iniciativa impulsada por Noruega y Ruanda que tiene como objetivos: 1) limitar el consumo y la producción de plástico a niveles sostenibles y 2) lograr una gestión y un reciclaje de los residuos de plástico respetuosos con el medio ambiente.
