El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, presidió la ceremonia de entrega del Reconocimiento Alfonso García Robles 2022 a nueve personas e instituciones que han destacado en sus labores de defensa, promoción, protección y/o garantía de derechos humanos de migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
Los galardonados son: Alma Anaya, comisionada del Condado de Cook, Chicago, Illinois; Sadot Azzua, enlace de la comunidad migrante y refugiados en el Departamento de Policía de Austin, Texas; César Espinosa, activista proinmigrante, “dreamer” y fundador de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), en Houston, Texas; y el Instituto Federal de Defensoría Pública, de la Ciudad de México.
También el Instituto para las Mujeres en la Migración, de la Ciudad de México; Jaime Lucero, fundador de la Casa Puebla de Nueva York y de la agrupación Fuerza Migrante, de la misma ciudad; la Organización Latina de Trans en Texas; Raquel Rubio-Goldsmith, profesora emérita de Pima Community College y de la Universidad de Arizona, Tucson; así como a Shalom Alaikum-Jewish Aid for Refugees, de Viena, Austria.
En nombre de la Universidad Nacional, el secretario General, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que esta casa de estudios reconoce en las trayectorias y la dedicación de las personalidades e instituciones distinguidas “la valentía, el coraje y el esfuerzo en la defensa de los derechos humanos de un sector vulnerable de la población mundial”.
Asimismo, convocó a la sociedad y a los distintos niveles de gobiernos a cerrar filas en la defensa y protección de las garantías individuales de los migrantes.
Además, se manifestó porque la globalización no sea sólo comercial; que haya tratados que garanticen los derechos de las personas en tránsito, se les brinde seguridad y se reconozca su contribución en la construcción de las naciones modernas. “Que la migración esté adecuadamente regulada pero, sobre todo, que los derechos humanos de los migrantes estén plenamente garantizados”.
Lomelí Vanegas recordó que México había sido una nación expulsora y de tránsito de migrantes y ahora es también destino de ellos. “Tenemos que afanarnos como país para que el mismo trato que exigimos para nuestros connacionales en otros países del mundo -y de manera destacada en Estados Unidos- lo demos a todas las personas migrantes en nuestro territorio”.
Al hacer uso de la palabra, el Abogado General de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, rememoró que el reconocimiento Alfonso García Robles fue instituido en 2017 y señaló que así como en la segunda parte del siglo pasado la carrera armamentista y la amenaza nuclear constituían un peligro para la humanidad, hoy, el desconocimiento y negación de los derechos humanos de los migrantes son una preocupación cotidiana y lacerante para la humanidad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había en el mundo 281 millones de migrantes internacionales, y a finales de 2021 se estimaban aproximadamente 89 millones de personas desplazadas por la fuerza, de los cuales 41 por ciento eran niñas y niños, acotó.
En formato a distancia y en nombre de quienes recibieron reconocimiento, Raquel Rubio-Goldsmith expuso que la frontera con Estados Unidos se ha militarizado y está al borde de una tragedia humanitaria la cual nos incumbe a todos. Allí se viola el derecho a la vida, se da la desaparición de personas y la existencia de miles de cuerpos no identificados. También se manifestó por abrir las fronteras a la movilidad humana, así como se abren al comercio.
Agradeció el reconocimiento que lleva el nombre del único mexicano galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y dijo: “Necesitamos otro Alfonso García Robles que traiga a las Américas la paz, la justicia y los derechos humanos de todas las personas que se mueven de un lugar a otro. En Tucson les damos las gracias por los esfuerzos que hacen todos ustedes y el enfoque que da la UNAM por poner esto a la vista de todos”.
De igual forma, Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, aseveró que los premios no constituyen la finalidad de esa institución, pero son una fuente de motivación, de legitimación a su trabajo. “Es un valioso y merecido reconocimiento a nuestras asesoras y asesores especializados, quienes día a día realizan su labor de defensores de derechos humanos”.
Comentó que en ese Instituto apoyan con asesoría jurídica a migrantes y aseveró que migrar es un derecho humano, detrás del cual están la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el estigma, los conflictos violentos que llevan a familias completas a huir de su lugar de origen y ser criminalizadas.
En la ceremonia estuvieron los presidentes en Turno de la Junta de Gobierno y de la Junta de Patronos de la Universidad Nacional, Juan Alberto Adam Siade y Jonathan Davis Arzac, respectivamente; la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dávila Aranda; el coordinador de Proyectos Académicos, Jaime Martuscelli Quintana; y la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Consejo del Instituto para las Mujeres en la Migración, Alethia Fernández de la Reguera Ahedo.
Además, integrantes de la Junta de Gobierno y los secretarios generales de los comités ejecutivos de la AAPAUNAM y del STUNAM, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano y Carlos Hugo Morales Morales, entre otros.
