La planificación territorial es un instrumento necesario para comprender la organización de la circunscripción, pero se requiere considerarlo como el “sujeto” del desarrollo; es decir, lo que importa son las personas, y lo que proponemos es llevarlas a mejores condiciones a partir del suelo y de la implementación de políticas públicas, indicó el experto del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Javier Delgadillo Macías.
Al participar en el coloquio Ordenamiento territorial como instrumento de gestión integral de riesgos socioambientales, comentó que son múltiples los enfoques relacionados con la forma de percibir y atender el problema de los riesgos y vulnerabilidad.
Durante esta actividad académica organizada por el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional, dijo que para hacer frente a los riesgos y siniestros que ocurren a diario las crisis ambientales y sociales no deben considerarse por separado, sino a partir de la perspectiva socioambiental; es decir, desde la gestión integral del riesgo de desastres.
Debería impulsarse una estrategia nacional, regional y local de ordenamiento territorial que considere lo ambiental como elemento transversal básico y no seguir en el discurso y, en ocasiones, en la pelea entre ordenamientos y las leyes en la materia, más ligadas al aspecto técnico de poner las cosas en su lugar en el espacio, acotó.
Alejandra López García, integrante del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señaló que cuando se hace referencia a la gestión integral del riesgo debe reconocerse que amerita una articulación de disciplinas científicas y técnicas diversas, pero también de políticas públicas. “Debemos mirar desde los distintos lentes de la ciencia y de las formas de concebir el riesgo (desde la percepción cotidiana de las personas) que experimentamos, la incertidumbre del riesgo y que desconocemos cómo gestionar”.
De acuerdo con la experta, es necesario reconocer que la incidencia de los riesgos es desigual, o sea que en numerosas ocasiones los fenómenos naturales afectan demasiado a los más vulnerables. Entonces, debemos pensar en temas de justicia socioambiental, no podemos hacer referencia a las amenazas como si no tuviera nada que ver con desarrollo y reparto desigual de oportunidades, por ejemplo. “Así que en la gestión de riesgos está contenido un anhelo y una necesidad imperiosa de justicia socioambiental”.
La especialista destacó que hay esfuerzos de trabajo intersectorial entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, si se privilegia la estrategia nacional de ordenamiento resultaría insuficiente; “apostamos más a la estrategia nacional de ordenamiento participativo, así como para la gestión de riesgos”.
En tanto, Daniela Reséndiz García, de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de la Sedatu, enfatizó que México presenta una situación de peligro por fenómenos geofísicos y climáticos, estos últimos aumentaron la incertidumbre de los efectos, incluso el incremento de vulnerabilidad que no se percibía en su magnitud con anterioridad; no obstante, los que más nos han impactado son los sismos, pues provocan pérdidas humanas y también daños y afectación en el desarrollo de las comunidades, sobre todo de las más vulnerables.
En la actualidad el cambio climático vincula ambos fenómenos, por lo que es necesario visibilizar estos efectos para mejor orientación de las políticas públicas. “La visión del gobierno de México, en términos de gestión integral de riesgo a desastres, parte del Plan Nacional de Desarrollo en el eje transversal tres, que se refiere al territorio y desarrollo sostenible, que va más allá de la cuestión integral de riesgos”.
Es decir, añadió, tener una comprensión adecuada del espacio y del desarrollo sostenible para conocer los efectos desproporcionados de los fenómenos naturales y antropogénicos, en los poblados y regiones marginadas, para brindar mayor bienestar a las generaciones actuales y futuras; brindarles un hábitat asequible, resiliente y sostenible que abarca la atención por fenómenos naturales y se abre a los de tipo antropogénicos, con intervenciones de reconstrucción y también de resiliencia.
En su oportunidad, el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Jorge Hugo Ibarra Cárdenas, resaltó la evolución jurídica de la gestión integral de desastres y del ordenamiento territorial. Sin embargo, continúan los problemas en la aplicación de esas directrices al momento de generar políticas públicas.
La norma como está planteada no se concentra en un solo eje, sino que se dispersa en diferentes instrumentos y normatividades, realmente atiende las necesidades actuales, por lo que ha quedado desplazada y permite que se realicen ciertas modificaciones en forma indiscriminada, de manera tolerada o irregular. “El ideal, a partir de nuestras leyes, es que el desarrollo urbano y territorial sean de forma congruente y sistemática”.
De acuerdo con Ibarra Cárdenas, el gramaje estatal federal, de un estado, municipio o alcaldía en el caso de la Ciudad de México, deben ir bajo una misma línea, y en ello trabajan Sedatu y Semarnat; esto es, en la elaboración de planes nacionales que nos permiten ejercer estos derechos, y estamos en ese proceso de corrección.
