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EN COMISIONES APRUEBAN PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA CEA APLICAR PROGRAMA DE DESCUENTOS A USUARIOS DOMÉSTICOS POR CONSUMO DE AGUA.

porRedacción

Sep 27, 2022

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputada Dolores Eliza García Román informó que, en reunión de trabajo las y los integrantes de la comisión, aprobaron el dictamen del Punto de Acuerdo que exhorta al director general de la Comisión Estatal del Agua a realizar programa de descuentos para usuarios del tipo doméstico en Ciudad Satélite, a fin de ayudarlos a liquidar adeudos. 

Comentó que, con la creación de programas que permitan que los usuarios del tipo domestico puedan realizar el pago de sus adeudos, se estarían generando alternativas para la regularización de los servicios que brinda la Comisión Estatal del Agua, lo que traería como resultado que la institución pueda realizar una mejora a dicho servicio dentro de las zonas que está encargada de ejecutar sus trabajos correspondientes.

García Román informó que, durante la reunión fue aprobado el dictamen que propone reformar el artículo tercero transitorio del Decreto 269, que reforma los artículos 33 en su párrafo primero y 241; y adiciona al artículo 81 párrafo tercero, de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” el 25 de febrero de 2022.

Donde se expone que, la convocatoria y elección del Consejo Hídrico Estatal que se integrará para el periodo que comprende del 14 de octubre del año 2022 al primer periodo ordinario de instalación de la LXIV Legislatura, este proceso se llevará a cabo dentro de la segunda quincena del mes de septiembre y la primera quincena del mes de octubre de 2022.

Esto con el objetivo de dar una mayor oportunidad de participación para las personas e instituciones interesadas en intervenir. 

Finalmente, la diputada Dolores Eliza García Román dijo que, fue presentada y enviada a estudio la iniciativa que reformar el primer párrafo de las fracciones I y II del artículo 95 y adicionar la fracción III de la Ley de Aguas del Estado, que se refiere a la estructura de la Junta de Gobierno de los organismos paramunicipales o intermunicipales.

La propuesta expone que, tratándose de organismos operadores paramunicipales de municipios con población de trescientos mil o más habitantes, o de organismos intermunicipales cuya suma de habitantes de los municipios que lo integran sea igual o mayor al referido número, la Junta de Gobierno se integrara con: Los presidentes municipales de cada Municipio, un representante de la Comisión Estatal de Agua, tres representantes del sector industrial; (CANACINTRA y en el caso del Municipio de San Luis Potosí, Industriales Potosinos AC y la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) en el territorio de el o los municipios.

Así como, dos representantes del sector Comercial y de Servicios que serán; CONCANACO SERVYTUR, AMPI de el o los municipios; Dos representantes del sector construcción y vivienda, que serán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC y de la Cámara Nacional de Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda CANADEVI de el o los municipios.

Un representante del sector patronal siendo la Confederación Patronal República Mexicana (COPARMEX) del o los municipios; dos representantes del sector Construcción y vivienda, que serán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) de el o los municipios;

Un representante del sector patronal siendo la Confederación Patronal de República Mexicana (COPARMEX) del o los municipios; dos representantes de Instituciones de Educación Superior del o los municipios que serán elegidos anualmente; un representante del colegio de Ingenieros y un representante del colegio de Contadores de la entidad debidamente registrados ante la autoridad competente y un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Finalmente, la diputada Dolores Eliza García Román dijo que la comisión que preside, acordó solicitar opinión al Interapas y en un plazo de 90 días, se llevarán a cabo mesas de trabajo con los sectores académico, empresarial y sociedad civil, para posteriormente elaborar el dictamen que será enviado al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y en su caso ser aprobado.