En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado para que ante los acontecimientos en materia de seguridad pública, elabore un diagnostico en ese rubro en centros de impartición de justicia, a fin de poner en práctica protocolo institucional para quienes ahí laboran y asisten, así como instalaciones y archivos, a efecto de reducir cualquier posibilidad de hechos que comprometan su salvaguarda.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXIII Legislatura, explicó que este punto de acuerdo es de suma importancia, tomando en cuenta la situación de seguridad pública que se ha registrado en San Luis Potosí, donde es necesario tomar las medidas preventivas para la protección del personal, jueces y magistrados del Poder Judicial.
Consideró que las medidas de prevención son necesarias a fin de prevenir situaciones extraordinarias que pongan en riesgo a quienes forman parte del Poder Judicial del Estado, por ello, señaló que se requiere desde ahora contar con un diagnostico que permita establecer los protocolos necesarios para salvaguardar el patrimonio y la integridad de quienes imparten la justicia en San Luis Potosí.
En este sentido, explicó que “lo que estamos haciendo es un exhorto al Poder Judicial, porque ante los acontecimientos que hemos tenido en materia de seguridad pública en el Estado de San Luis Potosí es importante tener un protocolo que pueda salvaguardar al Poder Judicial y en lo particular a los jueces, magistrado y personal, porque como ustedes saben todos los procesos jurisdiccionales llevan un riesgo y es por ello que estamos planteando este exhorto en materia de prevención”.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, indicó que una vez que este punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, será analizado, discutido y aprobado en base a la importancia que representa para quienes conforman los centros de impartición de justicia, así como para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos que acuden a las instalaciones del Poder Judicial del Estado a realizar algún tipo de trámite.
