La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, presentó una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 143 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
La cuál tiene como propósito darle al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, organismo auxiliar de participación ciudadana, la atribución de fungir como contraloría social en la supervisión de la objetividad, imparcialidad y legalidad del diseño metodológico, la transparencia y la aplicación de los exámenes de control y confianza.
Saldaña Guerrero dijo que, su propuesta busca permitir que la sociedad civil participe de manera crucial en una de las actividades de evaluación de las instituciones de seguridad pública que mayor legitimidad y blindaje de certeza e imparcialidad necesita, referente al diseño, aplicación y transparencia de los exámenes de control y confianza que se practican sistemáticamente al personal que conforma las instituciones de seguridad pública en nuestro estado y municipios.
Explicó que, esta propuesta se ajusta a lo que dispone la Ley de Control y Confianza del Estado, dado que no conocerían los ciudadanos, los resultados de los mismos y mucho menos se vulnerarían los derechos laborales o la protección de datos personales, porque la participación ciudadana, que se daría a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se circunscribiría a la supervisión de la objetividad de los exámenes de control y confianza.
La diputada dijo que su propuesta abonaría en una cultura de contraloría social en la que la sociedad interviene como un elemento de prevención que evita la distorsión o la deficiencia de herramientas que dependen de su impecabilidad para ser validadas.
Finalmente destacó que, si se quiere revertir la penosa, dolorosa y preocupante situación que se vive en materia de seguridad y desconfianza por parte de la fuerza de seguridad, es tiempo de asumir posiciones asertivas y proactivas.
La propuesta se encuentra en análisis en las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para posteriormente ser enviada al Pleno del Poder Legislativo y ser votada.
