La diputada del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, Dolores Eliza García Román, señaló a la Auditoria Superior del Estado (ASE) de pretender encubrir los actos de corrupción del ex alcalde de la capital Xavier Nava Palacios, al señalar únicamente observaciones por 70 millones de pesos en el informe correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.
La legisladora consideró que resulta incongruente que la titular de la ASE, Rocío Cervantes Salgado, este buscando “encubrir las irregularidades cometidas por el ex alcalde Xavier Nava, con observaciones irrisorias, cuando existen los elementos suficientes que demuestran que el Ayuntamiento de la Capital enfrenta irregularidades que superan los 500 millones de pesos”.
Dolores García, sostuvo que el ex alcalde de la Capital, debe pagar por todo lo que se llevó y este es un trabajo que debió haber desarrollado puntualmente, la Auditoria Superior del Estado a cargo de Rocío Cervantes, quien a todas luces, busca, no sólo proteger a Xavier Nava, sino encubrir sus irregularidades cometidas en perjuicio de las y los potosinos de la Ciudad Capital de San Luis Potosí.
También se refirió a la inoperancia con que el ex alcalde Nava Palacios, dejó al Ayuntamiento de la Capital, al no entregar las contraseñas para que el software del sistema de videovigilancia y botones de pánico puedan ser utilizados por la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) y dijo “es que no nada más son las videocámaras, está el bacheo que tampoco lo dejó bien, la ciclovía, tantos temas que tiene Xavier Nava y que actualmente la ASE le está tapando, cobrándole o dando nada más la información que debe 70 millones de pesos; cómo puede ser eso. No son 70 millones de pesos son más de 400 o 500 millones y me quedo corta todavía”.
La diputada Dolores Eliza García, señaló que existen una serie de irregularidades que han sido denunciadas por la actual administración municipal de la Capital y que tienen que ver con la venta de licencias apócrifas para la operación de establecimientos de bebidas alcohólicas, donde se ha detectado el cobro de miles de pesos al interior de la Dirección de Comercio en la gestión del ex alcalde Xavier Nava.
Por último, opinó sobre la resolución de un juez que ordenó la suspensión condicional del proceso donde se decreta seis meses de suspensión a los oficiales de la policía involucrados en el desalojo de la abogada Teresa Carrizales, así como el pago de la reparación del daño, y señaló que las formas de actuar durante el desalojo no fueron las adecuadas, no obstante, comentó que es correcto que Teresa Carrizales continúe con las investigaciones en el caso, para que tanto Sebastián Pérez, ex secretario general de la administración de Xavier Nava, y el propio ex alcalde, se hagan responsables de sus acciones, “porque tiran la piedra y esconden la mano”.
