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MÁS PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS OFRECE NUEVA LEY EN SLP.

porRedacción

Oct 17, 2021
Entró en vigor Ley en San Luis Potosí para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que incluye una coordinación con diferentes autoridades de la entidad en la que participa la Fiscalía General del Estado (FGESLP). 
Con la homologación a nivel nacional de la ley, se disuelve el Comité Estatal de Protección al Periodismo y se instaura, la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
Dicha Unidad será presidida por: FGESLP, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
Con esta coordinación se busca prevenir y erradicar los casos que impliquen violaciones a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. 
El organismo deberá tener conocimiento puntual de cada caso en el que se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de personas que ejerzan periodismo o defensores de derechos humanos (DDHH), así como sus respectivas familias. 
Posterior a ello, se analizará y diagnosticará el nivel de riesgo de los ciudadanos, y en su caso solicitar medidas preventivas o de protección. 
Estas medidas urgentes de protección serán implementadas para reducir el riesgo en el que esté expuesta las y los afectados. 
Se prevén en el ordenamiento cursos de autoprotección, ya sea de forma individual o colectiva; evacuación o reubicación temporal de un lugar; escoltas de elementos especializados; resguardo de inmuebles, entre otras que se requieran para salvaguardar la integridad y libertad de los beneficiarios. 
Por su parte, la FGESLP capacitará a los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y a los que conforman las 16 Delegaciones del territorio potosino. 
Así como a sus elementos de la Policía de Investigación (PDI), para que conozcan los protocolos necesarios y brinden una debida atención e investigación a casos donde resulten agraviados periodistas o protectores de DDHH.