En el marco del Sexto Informe del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, la honestidad, transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas y disciplina financiera, fueron partes fundamentales del Eje Buen Gobierno, planteado desde el inicio de la Administración en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
En materia de finanzas públicas, las medidas de disciplina y austeridad lograron contener el gasto de operación e incrementar el gasto de inversión en infraestructura. En un hecho histórico, se consiguió una reducción de más del 22 por ciento con respecto al monto de la deuda recibida al inicio de este Gobierno; en congruencia, la gestión estatal redujo en 14.6 por ciento el gasto de operación, reduciendo además los salarios de la alta burocracia.
Los ingresos estatales se incrementaron en un 16.1 por ciento, destacando un incremento del 21.3 por ciento en los ingresos propios; ello permitió incrementar los ingresos acumulados en este último rubro en un 61.6 por ciento respecto a la anterior administración.
San Luis Potosí mantiene el cuarto lugar nacional en la clasificación del Índice de Transparencia y de la Disponibilidad de Información Fiscal (ITDIF), siendo la entidad que más lugares avanzó en los últimos seis años (22 lugares).
Los pasivos estatales pasaron de 21 mil 264 mdp en septiembre de 2015 a 15 mil 187 mdp en septiembre de 2021, lo que significa una disminución de 6 mil 077 mdp. Los indicadores de deuda recientes ubican a San Luis Potosí en el séptimo lugar con menor deuda del país, séptimo con menor relación deuda / PIB Estatal y quinto con menor deuda per cápita.
El Gobierno del Estado ha sido uno de los más auditados en la historia, aumentando el monto fiscalizado por la ASF de 11.3 a 95 por ciento según las Cuentas Públicas 2014 a 2019, con un monto observado que disminuyó de 17.3 a 1.7 por ciento en el mismo periodo. Sin embargo, con un esfuerzo y compromiso claro, se abatió en cien por ciento el rezago en observaciones históricas de auditorías de las Cuentas Públicas realizadas con la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Durante el periodo en que el Jefe del Ejecutivo ocupó la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), San Luis Potosí fue sede de LIX Reunión Ordinaria, primer encuentro histórico con la presencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde la Presidencia de Benito Juárez.
A lo largo de su gestión, alcanzaron acuerdos para enfrentar la pandemia e iniciar la reactivación económica que hoy, permiten al país operar de forma adecuada y al mismo tiempo, salvaguardar la salud de las y los mexicanos.
Comprometidos con la transparencia, se crearon el Sistema Estatal Anticorrupción, conformado por la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y su Secretaría Técnica. Asimismo y en congruencia con la política del Gobernador, desde el inicio de su mandato, las Declaraciones Patrimoniales, Fiscal y de Conflicto de intereses, la 3 de 3, se instalaron como una medida permanente para las y los integrantes del servicio público.
Se implementó el nuevo Sistema Digital DECLARANET SAN LUIS conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, que por primera vez se hace exigible la obligación de presentar la Declaración Patrimonial a todas las y los servidores públicos, ampliándose la cobertura a 67 mil 434 declarantes.
En San Luis Potosí, se consolidó la estrategia nacional, para la consulta y acceso a las actas de nacimiento de manera digital y remota a la entidad en la que se asentó el registro. En el periodo del 2015 al 2021, la administración reportó a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado (CEGAIP) 99 por ciento de cumplimiento en las obligaciones de transparencia, el más alto en la historia.
La garantía al respecto y reconocimiento a los Derechos humanos durante el actual sexenio, fue uno de los temas más importantes y atendidos en el periodo en cuestión. Tan solo del desde el 2015, disminuyeron en 60 por ciento las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a autoridades estatales al comparar con el inicio de la Administración.
Las quejas ciudadanas ante la CEDH sobre violaciones a derechos humanos de autoridades estatales, derivado del papel que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos ha llevado a cabo para coordinar acciones para garantizar la protección de derechos disminuyeron en 84 por ciento. A nivel nacional, el Gobierno del Estado sólo recibió seis recomendaciones de la CNDH, por hechos cometidos del 2015 al 2021.
La estrategia para la localización personas ha dado frutos, consolidando que en este sexto año, el porcentaje se mantiene por encima del 80 por ciento. También se construyó y equipó la primera fase del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda, único en la región Bajío y segundo en el País, que ha sido reconocido por su labor a nivel nacional.
