En San Luis Potosí los entes impartidores de justicia deben tomar en cuenta un aspecto importante y fundamental en su integración, que es contar con el personal debidamente capacitado, todo ello con el objetivo de que el servicio que brindan a la ciudadanía sea el adecuado y apegado a derecho.
Lo anterior lo dio a conocer la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, a través de la presentación de la iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.
Precisó que este artículo indica que los Magistrados Numerarios y Supernumerarios serán designados conforme lo dispone el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y durarán en su encargo diez años improrrogables.
Además para las designaciones a que se refiere este artículo, además de los requisitos que establece la Constitución Política del Estado para ocupar el cargo de Magistrado, el titular del Ejecutivo del Estado acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas que presente al Congreso del Estado, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de elección
Benavente Rodríguez expresó que no se señala que como requisito para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa se cuente con experiencia en impartición y administración de justicia pues ello es toral para quienes lleguen a ese tipo de cargo.
Por ello con base en lo anterior, la diputada manifestó que se busca reformar el citado artículo al agregar como requisito para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que además de lo arriba señalado, también se deberá anexar constancia expedida por Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado, en la que se acredite conocimiento y capacitación en impartición y administración de justicia.
Finalmente la diputada indicó que es de primordial importancia contar con precisión expresa al respecto, aunado a que cada propuesta para ocupar este cargo esté avalada por Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado, pues esta es una entidad reconocida en esos ámbitos de conocimiento y además cuenta con la trayectoria y reconocimiento para ello.
