En reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, que preside la diputada Marite Hernández Correa, se aprobó el dictamen que busca adicionar al Título Quinto el capítulo XVI “Poder Judicial del Estado”, y el artículo 79, de la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, para que en los Centros de Justicia para Mujeres exista cuando menos un juzgado familiar para que atienda de manera inmediata en trámites de medidas cautelares, pensiones alimenticias, o divorcios en caso de violencia de género.
Se indica que con esto, se contará con las condiciones mínimas que deben tener los centros, pues resulta de gran trascendencia la inmediatez en cuanto a la atención que pueda prestarse a quienes acuden a esta instancia para el acceso a la justicia.
En otro tema, se aprobó el dictamen para adicionar al artículo 269 Bis el párrafo segundo, del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, en relación a los procedimientos de custodia de menores que lleve el juez familiar.
Se aprobaron reformas a la Ley del Registro Civil del Estado, para fortalecer el buen funcionamiento del Registro Civil, en el derecho a la identidad y registro de nacimiento de niñas y niños, y derogar el requisito de edad para titular de Dirección del Registro Civil, entre otros.
También se aprobó el dictamen que deroga de los artículos, 14 la fracción II, 16 la fracción II, 18 la fracción III, 20 la fracción II, y 24 la fracción II, de la Ley de Mediación y Conciliación para el Estado de San Luis Potosí́, para derogar el requisito de edad para ser director y demás funcionarios del Centro Estatal de Conciliación.
También se aprobó el acuerdo económico que propone colocar en lugar especial del recinto legislativo, placa conmemorativa de la LXII Legislatura como la Primera Legislatura Paritaria del Estado de San Luis Potosí, antes de que concluyan los trabajos de la LXII Legislatura.
Finalmente, la diputada Marite Hernández Correa propuso una mesa de trabajo conjunta con la Junta de Coordinación Política para establecer una acción específica en la elaboración de la Convocatoria para la consulta pública de las personas con discapacidad, respecto de diversas iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado.
