La falta de producción de cerveza en medio de la crisis sanitaria ha impulsado el comercio del alcohol adulterado hasta convertirse en un verdadero problema de salud pública para las entidades más afectadas, produciendo vómitos, dolor abdominal, alteraciones de la visión, convulsiones y la muerte.
Los primeros casos de intoxicación por bebidas alcohólicas se registraron en Jalisco, en los municipios de Tamazula y Mazamitla, que hasta el momento registran el 75 % de las 44 muertes que se han dado en la entidad por esta causa. Otros municipios afectados son Zapotlanejo, Juanacatlán, Chapala, Jocotepec y Tlajomulco.
Puebla registra 70 muertes relacionadas con el consumo de alcohol adulterado en seis municipios: Chiconcuautla, que suma la mayor parte de las víctimas mortales (17), Chignahuapan, Xochitlán, Zacatlán, Huaquechula y en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.
En Morelos el saldo de fallecimientos es de 29 personas, de las cuales 18 eran procedentes de la localidad de Telixtac, en municipio de Axochiapan. Los pobladores de la comunidad se negaron a entregar los cadáveres de sus familiares, a quienes enterraron en un lugar no identificado para que las autoridades no pudieran dar con ellos.
El pasado 15 de mayo, el estado de Veracruz registró 5 fallecidos por la misma causa, cuatro de ellos tuvieron lugar en Rafael Delgado, donde una intoxicación masiva producida el 12 de mayo envió a otras personas al hospital, varias de ellas han perdido la vista o han sufrido intensos dolores.
Yucatán es otro de los estados que, en medio de la “Ley Seca”, ha visto morir a 20 personas en las últimas dos semanas por la ingesta de bebidas embriagantes que son compradas de manera clandestina en 5 municipios, incluyendo la capital Mérida.
Seis personas murieron en menos de 24 horas en el municipio de Acanceh, dos de ellos en la cabecera municipal y otros cuatro en la localidad de Petectunich, y una más murió al día siguiente. Otros fallecimientos se han registrado en los municipios de Progreso, Chuburná Puerto y Umán.
La epidemia de intoxicaciones por consumo de bebidas “pirata” no es una novedad en el país. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor, anualmente el 45 % del consumo de alcohol en México es de bebidas adulteradas.
Si bien el consumo de cualquier porducto es responsabilidad de quien lo ingiere, la realidad es que las autoridades en México han fallado al permitir o “hacerse de la vista gorda” ante el crecimiento de todo un mercado de producción y distribución de alcohol adulterado o de muy baja calidad, que año tras año le cuesta la vida a miles de mexicanos.
