Al comparecer ante los integrantes del Poder Legislativo Estatal, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, convocó a iniciar los trabajos de análisis y consulta, de la mano de la Federación, sobre el futuro de la regulación sobre el control responsable de las drogas y sus efectos con relación al crimen organizado, la violencia y las políticas de salud pública.
En este ánimo de diálogo y colaboración institucional entre los Poderes del Estado, el titular del Ejecutivo invitó al Congreso del Estado a que “realicemos una convocatoria amplia e inclusiva en la que participen la sociedad civil, la academia, representantes de la Federación y de organismos internacionales para tratar este tema, del que San Luis Potosí no puede estar exento”.
Asimismo, manifestó que el tema de atención en materia de seguridad pública, de la procuración y administración de justicia, y de la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social, se debe de dar bajo el Estado de Derecho.
Durante la Sesión Permanente del Congreso del Estado, el titular del Ejecutivo respondió a cada uno de los cuestionamientos presentados por los diputados locales de la LXII Legislatura del Estado, a quienes les manifestó que por sus características, la seguridad pública en la entidad es un reto de una gran complejidad, ya que “presenta dimensiones locales, nacionales e internacionales, que en todo momento deben considerarse, a fin de diseñar una estrategia que permita enfrentar eficazmente al delito”.
Señaló que a nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva, son ocasionados por una creciente y diversificada producción de drogas; un mayor tráfico de armas y de flujo ilícito de recursos, que además se diversifican en múltiples operaciones; en la multiplicación y fragmentación de organizaciones delictivas y en el aumento en las tasas de consumo de drogas en los hogares.
Precisó que en la primera mitad de esta administración, la incidencia delictiva ha estado 27 y 17 por ciento debajo de la observada durante el mismo lapso de las dos administraciones previas.
“San Luis Potosí se encuentra por debajo de la media de los índices delictivos observados en el resto del país, tanto en términos absolutos como por cada 100 mil habitantes, en los 7 delitos de alto impacto los datos nos ubican entre las 10 entidades con menor incidencia delictiva”, destacó.
En esta misma oportunidad, Carreras López reiteró la postura de esta administración en el combate a la violencia de género, con el fundamento de cero tolerancia a cualquier situación que atente contra la integridad de las mujeres.
Manifestó que “las estadísticas sirven para establecer y evaluar políticas públicas, pero no hacen de lado el dolor y la impotencia de quien es víctima de un delito”.
Dejó en claro que la sociedad demanda mejores resultados en el combate al delito en todas sus expresiones y todas las instancias de gobierno debemos esforzarnos para lograrlo, para lo que se han acordado entre los tres niveles de gobierno diversas medidas, como el inicio de operaciones de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM); la creación de la Fuerza Metropolitana Estatal y la puesta en marcha del nuevo Centro de Evaluación y Control de Confianza, el C3, con el fortalecimiento del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911.
Asimismo, informó que está próximo a inaugurarse el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia, el C5 que contará con tecnología de vanguardia, fortalecerá las labores de inteligencia y estará interconectado con Centros Regionales en el interior del Estado, además, -añadió- la Secretaría de Seguridad Pública también contará con una nueva sede.
En materia de procuración y administración de justicia, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López expresó ante los legisladores locales que “los potosinos y las potosinas hemos sido testigos de la mayor transformación en la historia reciente, con la evolución de la Procuraduría General de Justicia hacia la Fiscalía General del Estado, gracias a los acuerdos que se establecieron con todas la fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo”.
Indicó que este organismo autónomo ha obtenido resultados importantes, donde destaca que todos los casos de secuestro atendidos se han logrado resolver sin pérdida de vidas; la disminución de 40 por ciento en el delito de extorsión en el último año; la detención de 10 objetivos criminales prioritarios; la desarticulación de 56 bandas delictivas y más de 4 mil personas detenidas, de los cuales 1,241 son presuntos delincuentes de alto impacto.
En lo referente al Sistema de Justicia Penal, el titular del Ejecutivo estatal sostuvo que al inicio de esta administración, la entidad potosina se encontraba en el penúltimo lugar en los indicadores de su implementación, “por lo que tras un esfuerzo sin precedentes en materia de infraestructura y de capacitación, hoy podemos afirmar que el sistema funciona en todo nuestro estado”.
Carreras López indicó que los esfuerzos en la materia se están complementando a través de un fortalecimiento de instituciones relacionadas con el acceso a la justicia y de protección a los derechos de las y los potosinos, con el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; de la Defensoría Pública; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Unidad de Protección a Periodistas y a Defensores de Derechos Humanos.
En materia de prevención del delito y reconstrucción del tejido social, el mandatario potosino sostuvo que en el último Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, se señala que este fenómeno delictivo requiere adoptar un enfoque integral con la instrumentación de prácticas “de manera coordinada y coherente, junto con medidas o programas más amplios de desarrollo social y económico, erradicación de la pobreza, respeto de la diversidad cultural y paz e inclusión sociales.”
En este sentido, dijo que el Gobierno del Estado ha adoptado una estrategia en tres vertientes principales: La primera reconoce la importancia de trabajar conjuntamente con la sociedad para disminuir el consumo de drogas y el alcohol.
La segunda vertiente –especificó- considera el fortalecimiento de los esfuerzos educativos; más oportunidades de empleo e ingreso para los jóvenes; y el combate a la pobreza.
Finalmente, apuntó que la tercera vertiente considera la importancia de contar con estrategias focalizadas geográficamente, coordinadas por las autoridades municipales con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, a fin de atender problemáticas específicas que ocurren en zonas urbanas marginadas y que presentan los mayores niveles de incidencia delictiva del fuero común.
