En México la participación política de las mujeres ha tenido avances significativos a partir de que se garantizó su derecho al voto; sin embargo, los cambios son insuficientes para asegurar la construcción de ciudadanías democráticas e incluyentes, considera la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Amneris Chaparro Martínez. En ocasión de la conmemoración de la reforma constitucional del 12 de febrero de 1947, que por primera vez estableció el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas en elecciones municipales, la universitaria comenta: históricamente han mostrado un gran activismo y han sido partícipes de movilizaciones políticas y de los debates públicos, aunque desde una posición de marginalidad respecto a los varones. Con un ímpetu feminista e igualitarista, a principios del siglo XX un grupo se organizó para demandar a los estados, al gobierno federal y al naciente gobierno posrevolucionario, el pleno ejercicio de sus garantías políticas. A partir de esa demanda y de esa lucha de varias décadas se logró un cambio importante en la Constitución a nivel municipal, y después en 1953 a nivel federal donde ganaron la ciudadanía; eso significó participar formalmente en la política como representantes y electoras, detalla. Luego de esas modificaciones constitucionales, prosiguió, se han impulsado otras fundamentales que buscan reivindicar sus prerrogativas en diferentes ámbitos, como el tema de la paridad de género que ha permitido aumentar su presencia en el Congreso, en candidaturas y cargos de decisión gubernamental; sin embargo, estos avances aún son exiguos para concretar políticas públicas que apunten a transformaciones socioculturales de mayor alcance. Tener candidaturas y vigilancia para que se cumpla la paridad de género de 50 por ciento es un gran progreso, pero la representación en sí misma no significa que van a defender los interés e ideales de la lucha feminista, subraya en entrevista. Esto lo vemos, precisa, en numerosas discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con prerrogativas reproductivas de ellas; hay legisladoras que, siendo mujeres, no votan a favor y, por el contrario, apoyan políticas que más bien son punitivas, prohibitivas, que incluso ponen en riesgo la vida. “Creo que necesitamos políticas educativas de mayor alcance en materia de género. La política educativa de un país debe tener un perfil feminista y humanista, en el sentido más estricto de la palabra, de tal forma que realmente busque la formación de ciudadanías democráticas, y eso es algo que sigue faltando en nuestro país”, asevera Chaparro Martínez. Asimismo, indica que las instituciones de educación superior (IES) juegan un papel fundamental para avanzar en la consolidación y en el respeto a las garantías adquiridas históricamente por ellas. Las universidades deben realizar un ejercicio de autocrítica interna para determinar qué falta para lograr espacios paritarios, seguros y, principalmente, democráticos, en donde todas las personas expresen sus opiniones libremente. Además, deben consolidarse como lugares de formación de ciudadanía en donde se fomente el pensamiento crítico como parte fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser mínimamente democrática”, acota. A 77 años de que se aprobó aquella reforma constitucional y ante la posibilidad de que por primera ocasión en México una mujer pudiera ocupar la presidencia de la República, externa que estamos frente a una conquista de relevancia y de larga data, como parte de las luchas históricas que se han librado para que las mujeres en este país accedan a esos cargos de representación.
