La Regidora que preside la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento Capitalino, Daniela Cid González resaltó el pronunciamiento aprobado de forma unánime por el Cabildo para que personas con sentencia condenatoria que haya causado estado por delitos de violencia familiar, contra las mujeres por razón de género, contra la libertad o seguridad sexual, o contra el normal desarrollo psicosexual o que haya sido declarada como persona deudora alimentaria morosa, no puedan ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Por ello, se votó a favor de la reforma al artículo 27 de la Constitución Política del Estado, enviada por el Congreso Local, “para que ningún agresor acceda o esté en el poder. Estoy convencida de que éste es un momento histórico que representa un antes y un después en la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres, para las niñas y niños y para nuestra democracia”. La Regidora por Acción Nacional explicó que “la suspensión de prerrogativas no es una sanción arbitraria ni excesivamente punitiva, sino de una consecuencia razonable y proporcional frente a la gravedad de los actos que con ello se reprocha, pues en todos esos casos se agravia también a la sociedad. La suspensión no sólo busca sancionar, sino también prevenir futuros incumplimientos, con lo cual se está enviando un mensaje claro del respeto por la dignidad de las personas”. Cid González reconoció la valentía de mujeres como la luchadora social, Yndira Sandoval, y de las integrantes de las Colectivas que han impulsado que agresores no tengan posibilidad de ser candidatos, así como también la voluntad de las legisladoras que, sin distinción partidista, lograron consensos para que agresores no sólo no lleguen a las urnas, sino tampoco al servicio público. “Reconozco además, la sensibilidad de quienes integran la Comisión de Gobernación, así como la convicción de respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y el principio impulsado desde el inicio de la administración del Alcalde, Enrique Galindo, de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”. Detalló que el Inegi señala que en los últimos años, hay un incremento en delitos sexuales contra niñas y adolescentes en denuncias por violencia familiar, delitos de trata y feminicidios infantiles; y el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2023 muestra que en el caso de las niñas y adolescentes de 0 a 17 años, la violencia familiar también es el delito que ocurre con más frecuencia, con 22.271 casos ese año, además la tasa de impunidad supera el 95% y sólo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor por miedo y falta de confianza en las autoridades. También el Inegi establece que en México tres de cada cuatro hijas e hijos de madres y padres separados no reciben pensión alimenticia, lo que repercute en su desarrollo integral. Finalmente, la Regidora Presidenta de la Comisión Municipal de Gobernación recordó que para que la Constitución Local se reforme, primero se tiene que aprobar por las dos terceras partes de las legisladoras y diputados y luego, por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, que en el caso de la Capital de San Luis Potosí ya se pronunció a favor de la minuta con proyecto de decreto de reforma al artículo 27.
