A pesar de los avances en favor de la comunidad LGBTIQ+, persisten retos. Ejemplo de ello es la elevada discriminación hacia sus integrantes. Con base en datos de la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (INEGI, 2017), más de 50 por ciento de los encuestados no están de acuerdo con que sus hijos se casen con una persona del mismo sexo, y ese mismo porcentaje tampoco permitiría que contraigan matrimonio con una persona con VIH (infección generalmente asociada a varones con prácticas homoeróticas). Es decir, explica César Torres Cruz, secretario académico e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, el estigma y la discriminación acompañan a las personas de esa comunidad, situación que alcanza su punto máximo en su asesinato. El activismo refiere una categoría de homicidio que no está tipificada por el Estado mexicano, denominada crímenes de odio por LGBTIQ-fobia; es decir, aquellos con un modus operandi característico, donde el cadáver suele terminar con marcas de violencia física y mensajes discriminatorios en el cuerpo o en el espacio donde queda la persona sin vida, con clara alusión a que el asesinato se cometió por un desacuerdo con su forma de vida. Por este fenómeno –con frecuencia calificado como crímenes “pasionales”, a pesar de ser perpetrados por personas externas que agreden a una pareja o una persona por ser LGBTIQ+– los más afectados son: las mujeres trans, seguidos por los varones con prácticas homoeróticas, mujeres lesbianas y hombres trans. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia y el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, a conmemorarse el 17 de mayo, el universitario menciona que el reto más importante que enfrentan esas comunidades es un cambio cultural. La cultura es androcéntrica, patriarcal, pero además tiene marca heterocentral, es decir, cuando se creó el capitalismo en el siglo XVIII se necesitaba mayor mano de obra y la manera de tener más trabajadores para la industria fue validar, socioculturalmente hablando, únicamente las prácticas sexuales relacionadas con la reproducción; el resto quedó relegado al terreno de las patologías, lo perverso, el delito o el pecado. “Es así que tenemos siglos arrastrando esta historia”. Decisión de vida El 17 de mayo de 1990 la homosexualidad fue retirada del catálogo de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, recuerda el doctor en Ciencias Políticas y Sociales (sociología). Gracias al activismo LGBTIQ+ se reconoce que las personas no tienen algún padecimiento, sino que toman una decisión de vida y forman parte de la diversidad de la humanidad. Hasta 2004 la Organización de las Naciones Unidas decidió dedicar un día al tema, conmemorar la lucha contra la LGBTIQ-fobia y erradicar las prácticas de odio. La fobia, puntualiza el universitario, tiene que ver con miedo irracional a algo, a un acontecimiento o persona. Por ello hay quienes están en desacuerdo con esa actitud hacia los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales. “Algunas fracciones del activismo han pedido enfatizar que se trata de prácticas odiantes que pueden provenir de un miedo exacerbado, pero, sobre todo, de la discriminación y la desinformación”. César Torres rememora: en la historia de la humanidad, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo siempre han existido. “Tenemos registros de Grecia y Roma antiguas, esculturas, pinturas, vasijas, donde están plasmadas prácticas homoeróticas, incluso multitudinarias. Pero esto se convierte en un problema, socialmente hablando, hasta el siglo XIX, en particular en 1870 cuando la homosexualidad se crea como una categoría psiquiátrica”. Antes de esa fecha se hablaba, por ejemplo, de prácticas sodomitas y existían otros marcos para entenderlas, como el religioso, donde se veía como un pecado porque su propósito no es la reproducción humana, así que no eran bien vistas en los contextos conservadores. Y fue así que la homosexualidad se constituyó como una categoría cercana a un criterio patologizante que da cuenta de un supuesto trastorno mental. Aunque no fue el caso de México, en numerosos países la homosexualidad fue considerada un delito. En Ecuador y Colombia hace menos de 40 años que ya no forma parte de los códigos penales. Sin embargo, en otros seis de Asia y África, como Sudán y Arabia Saudita, todavía se castiga con pena de muerte (regularmente decapitación), señala el experto. En nuestra nación, de acuerdo con la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, en 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBTI+ (55 de ellas de mujeres trans) por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género, pero la cifra real podría ubicarse en 179 homicidios. México ocupa el segundo lugar, solo después de Brasil, donde más transfeminicidos se registran. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en 2015 donde indicó que la esperanza de vida de ese sector de la población en el territorio nacional es de sólo 35 años, alerta Torres Cruz. El contexto es todavía adverso para la comunidad LGBTIQ+ porque sus integrantes no pueden acceder a puestos de trabajo dignos y enfrentan también otros problemas, como mayores tasas de depresión y ansiedad por los insultos y gritos que reciben en la calle, desaprobación familiar y hasta la muerte. Aun así, “es muy difícil cambiar la cultura heterocentrada que tiene más de tres siglos de historia”. Avances Luego de décadas de activismo, enfatiza César Torres, también ha habido logros para estos sectores de la población. Además de que la homosexualidad o la transexualidad no forman parte de ningún catálogo de enfermedades mentales, a partir del año pasado el matrimonio igualitario es legal en México; es decir, las personas del mismo sexo se pueden casar en cualquier entidad y, en numerosos casos, adoptar, con el único requisito de ser mayores de 18 años. Además, en al menos 14 estados (Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala) hay legislaciones en términos de identidad de género, las cuales permiten que las personas trans modifiquen sus documentos mediante un trámite administrativo. De esta manera quedó superado el arduo proceso, discriminatorio y vejatorio de sus derechos humanos, para hacer legal el cambio de nombre y género. En 2020 la Secretaría de Salud federal emitió un protocolo para la atención de las problemáticas de salud de la comunidad LGBTIQ+ sin discriminación, y los avances son notables. También es probable que, en los próximos años, se tenga en la credencial de elector las opciones de asumirse como mujer, hombre o persona no binaria, señala. El académico del CIEG estima que falta considerar a las infancias y contar con legislaciones para que transiten de género o sexo, porque hasta ahora es posible solo en Oaxaca y Jalisco. En las demás entidades los infantes que quieren se les mencione con otro nombre, o vestir otro uniforme, aún no pueden hacerlo. Para César Torres debemos conmemorar el 17 de mayo, en la UNAM y más allá de sus espacios, recordando su origen y creando conciencia de que aún existen condiciones adversas para la comunidad LGBTIQ+, y prácticas fóbicas que atentan contra sus derechos humanos. Aprovechemos para dar cuenta de ello y contribuir a generar condiciones más equitativas para todas las personas. No se debe olvidar que la humanidad es sinónimo de diversidad, concluye Torres Cruz.
