Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2021 se cometieron cuatro millones 910 mil 206 extorsiones en hogares; se denunciaron únicamente 246 mil 138 y solo en 52.4 por ciento se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 59.6 por ciento no sucedió nada y 26.3 por ciento seguía en trámite.
En 2.8 por ciento de los casos se puso al presunto delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en apenas 0.3 por ciento se logró la recuperación de los bienes, se expuso durante el Foro Nacional Extorsión: Perspectivas jurídicas y de política pública, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en 2021 alrededor de 1.2 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito; el más frecuente fue la extorsión, con 28.9 por ciento. Las empresas grandes son las menos vulnerables; entre las micro, pequeñas y medianas fue el ilícito más frecuente.
Roberto Ochoa Romero, coordinador del Foro, en representación de la directora del IIJ, Mónica González Contró, agradeció la colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano, organizador conjunto del encuentro cuyo propósito es impulsar una ley general para combatir ese delito.
En la mesa La extorsión bajo el caleidoscopio. Diálogo sobre sus modalidades y políticas públicas en México, el director general del Observatorio, Francisco Rivas Rodríguez, señaló que en este momento hay un fenómeno creciente de engaños relacionados con información bancaria.
También hay extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial, donde un delincuente se presenta en la actividad comercial y exige un pago periódico, un “impuesto” para que cierto grupo delictivo no lo agreda.
Una más es prohibir la venta de determinados bienes de consumo; no hay un cobro de recursos, pero sí un control del mercado y se generan monopolios, porque sólo se pueden vender ciertos productos, o determinado comerciante es el único que puede ofrecerlos, detalló.
De igual manera, ocurren ciertas formas de extorsión internas al gobierno o las empresas; una se denomina la “sextorsión”, en la que a fin de no ser afectadas con horarios extendidos, a las mujeres se les pide a cambio favores sexuales; los empleados tienen que pagar para que les autoricen sus vacaciones. “Este no es un delito con una sola cara, y no se comete en un solo medio”.
A un Estado que falla y una sociedad que se acomoda a un problema, se suma una red de protección e impunidad que protege a la delincuencia, capaz de extorsionar desde un penal, recalcó Francisco Rivas.
Comentó que en temas de seguridad, lejos de construir un sexenio tras otro, se ha destruido lo poco que se hace, y se reinicia cada vez. Además, por cada ministerio público hay 250 carpetas de investigación; es decir, tienen que indagar ese número de casos al mismo tiempo, a lo cual se suman las condiciones en las que trabajan las fiscalías.
En las últimas décadas cambió la comisión de delitos, pero nada se ha modernizado en términos legislativos. Y “cuando volteamos a ver los escenarios locales, hay una diversidad en la clasificación y sanciones, que no abona a la creación de una estructura o estrategia nacional”.
Para el caso de la extorsión necesitamos tener instrumentos normativos que atiendan los fenómenos implicados. Para proponer una ley, hay que escuchar a los fiscales y que ellos nos digan qué necesitan para trabajar sobre esa base, y de la mano de los legisladores, opinó.
La normatividad no es un punto de llegada, sino de partida que tendrá que ser revisada periódicamente para ajustarse a la realidad. Necesitamos acciones contundentes; los mexicanos estamos siendo avasallados por la delincuencia, y se requiere construir entre todos un país donde nadie se quede atrás, ni se sienta asilado y abandonado. Hoy, cualquiera de nosotros puede ser víctima, enfatizó Rivas Rodríguez.
Rossana Fuentes Berain, periodista y CEO de México Media Lab, expuso: lo que ocurre en el país habla de un Estado mexicano que se ve enfrentado a una multiplicidad de actores, públicos y privados, que delinquen, y a una ciudadanía que responde con los elementos que tiene, que son pocos, y que se ve en un proceso de autoflagelación (“qué tonto fui, no debí pagar el dinero que me pidieron”).
La extorsión es un delito tan ubicuo y complejo de tratar que clasificarlo a partir de un medio comisivo no abona al diseño e implementación de políticas públicas; florece ahí donde hay oportunidad, pues los riesgos son mínimos (“impunidad total”) y sus beneficios ilimitados.
La impunidad es impresionante: cinco millones de casos detectados, alrededor de 120 mil carpetas de investigación y sólo 0.3 por ciento concluidos. “En 1995 escribí el texto México 2020; entonces llegué a cuatro escenarios, pero hoy estamos en el más precario, donde estamos a punto o hemos entrado ya al México fallido”, finalizó.
