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LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEBE APLICAR LAS SANCIONES A QUIENES COMETAN IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

porRedacción

Dic 30, 2022

La principal herramienta para combatir la corrupción y la impunidad es la denuncia y, para ello, se requiere de que las y los ciudadanos acudan ante la Auditoria Superior del Estado (ASE) para proceder ante cualquier situación irregular que se detecte o conozca en el ejercicio de la función de los servidores públicos.

Lo anterior lo señaló, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, diputado  René Oyarvide Ibarra quien señaló que, la ciudadanía tiene una percepción negativa en torno a los procesos de fiscalización que desarrolla la Auditoria Superior del Estado (ASE), por ello, consideró que es necesario recobrar la confianza a través de la aplicación de un trabajo transparente y honesto.

Señaló que en la actualidad es muy importante que la ASE, aplique las sanciones y presente los procedimientos correspondientes cuando existan elementos que presuman la comisión de alguna irregularidad, pues los ciudadanos lo que demandan es que “no sólo se castigue a los malos servidores públicos, sino que se retribuyan los recursos que fueron desviados en perjuicio del patrimonio de las y los potosinos”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia puntualizó que, “hoy somos incisivos para que realmente se tomen cartas en el asunto y se tengan las consecuencias reales y legales para que los ciudadanos recuperen la confianza sobre la ASE, hoy tenemos que hacer en San Luis Potosí que las cosas realmente pasen y tenemos que llevar a cabo que las denuncias prosperen y evitar que solo se estén sentados en una oficina sino poder trasladarnos a tierra con los entes auditables y dar fe que los procedimientos se llevan a cabo de manera tangible.

Indicó que, es necesario mantener un proceso permanente de fiscalización en torno a los 113 entes auditables pues de esta manera se podrá prevenir de manera anticipada a la revisión de las cuentas públicas cualquier irregularidad que se pueda cometer en perjuicio de las y los ciudadanos.