El Gobernador de San Luis Potosí y presidente de la junta directiva del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), Ricardo Gallardo Cardona, tomó protesta a las y los 54 integrantes de la junta directiva del Consejo Consultivo Indígena, conformado por representantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas asentados en el Estado.
En un evento realizado en el museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el Mandatario Estatal, ante miembros de su gabinete, representantes de los poderes legislativo y Judicial y alcaldes, encomendó a las y los consejeros electos de los pueblos originarios Tének, Náhuatl y Xi’iuy, así como de las comunidades indígenas asentadas en el Estado, Mazahua, Mixteca baja, Triqui y Wixárica, la tarea de asesorar en materia de derechos indígenas y promover las acciones que permitan la formulación de políticas públicas, planes y programas dirigidos a este sector de la población.
En su discurso del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, comentó: “durante décadas se negó contar con un Consejo Consultivo Indígena, con este Gobierno del cambio a partir de hoy empezará su función regulando y reglamentando los programas sociales, obras públicas dirigidas a las comunidades y pueblos indígenas y todo lo que conlleve a dignificarlos”.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI), en San Luis Potosí la composición socio demográfica de la población hablante de una lengua indígena es de 337 mil 480 habitantes pertenecientes a una de las 13 etnias originales y cuatro residentes en el Estado; a su vez 169 mil 696 son mujeres y 167 mil 784 son hombres. Además, la cantidad de hablantes de lengua indígena en el Estado por etnia se divide de la siguiente manera Náhuatl, 121 mil 79; Tének, 95 mil 236 y Xi’iuy 11 mil 579; en cuanto a las comunidades Mazahua, Mixteco, Triqui y Wixárica, son 900 aproximadamente.
El Mandatario potosino destacó que con la aprobación de la minuta para reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que eleva los programas sociales a rango constitucional, romperá esas brechas de desigualdad y rezago social que durante décadas las “malditas herencias” mantuvieron, “a partir de esta decisión en el Congreso se asegura a cada familia sus becas alimentarias, adulto mayor y madre soltera y todos los programas que les permitirá acceder al desarrollo”, finalizó.
