El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 58 ayuntamientos del estado, para que se imparta capacitación a sus elementos de seguridad pública, en materia de derechos humanos, en especial, sobre el contenido de los artículos 7, 8 y 21 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, a fin de que sean observados durante la práctica de los retenes a su cargo.
El Punto de Acuerdo promovido por la diputada Gabriela Martínez Lárraga también establece que, “con estas medidas se tiene como objetivo prevenir posibles actos de corrupción, en la medida de sus posibilidades, y para ello, también se propone que se lleve a cabo la rotación del personal asignado a los retenes.
Se establece que, “a partir del uso de retenes, se ha generado violencia a partir del uso excesivo de la fuerza y que ha derivado en tratos crueles o degradantes por parte de las autoridades que intervienen en dichos procedimientos, ya que no siempre se cuenta con la presencia de autoridades relacionadas a la protección de los derechos humanos y que dichos eventos transcurren periódicamente por la noche”.
Incluso “se han presentado denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sobre robo de objetos personales, como así ha quedado en evidencia en los informes anuales del organismo autónomo”.
El Punto de acuerdo señala que, “la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21 garantiza el derecho a la propiedad privada, y ya que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, las prácticas de autoridad no pueden sobreponerse al interés social, y ninguna persona puede ser privada de su libertad, pero tampoco de sus bienes, y que lo anterior también deriva en formas de explotación prohibidas por la ley”.
