La disputa territorial de agrupaciones ilegales en Michoacán, la creciente desconfianza en las autoridades y en grupos de autodefensa, la falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la normalización de la violencia, mantienen el creciente ciclo de crimen en la entidad, consideró el investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, Rubén Darío Ramírez Sánchez.
Al analizar a partir de la perspectiva social la situación en la entidad, el académico destacó que son múltiples las causas por las cuales la población enfrenta diferentes agresiones, proceso que inició con el desmantelamiento del Estado y las instituciones que, de algún modo, contenían la pobreza y generaban aspiraciones que el modelo neoliberal no concretó.
Al ofrecer la charla “La importancia que tiene el estudio científico de las violencias: el caso de Michoacán”, el sociólogo refirió que a partir de la década de los 80, luego de la apertura política, la alternancia de los partidos políticos generó “huecos” donde se insertaron los grupos ilegales.
“El terreno fértil es la desigualdad social, el gobierno neoliberal no dio posibilidades de que las aspiraciones de la gente se cumplieran; al contrario, se desmanteló el estado de bienestar y esto propició que mucha población quedara a merced de las posibilidades que se tenían en frente, y una de ellas es los grupos ilegales”, aseguró el también académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, de la UNAM.
El experto en estudios rurales resaltó que el saldo de la creciente violencia en la entidad, y en el país, es alto, pues de 2000 a 2022 se registran 429 mil 527 homicidios dolosos, cifra que al ser desglosada por sexenio se aprecia que hay una especie de expansión de la violencia permanente: con Vicente Fox 74 mil 389; Felipe Calderón, 103 mil 357; con Enrique Peña Nieto, 117 mil 781; y en lo que va de la actual administración, 134 mil.
Sin embargo, en Michoacán la cifra es mayor. La Secretaría de Seguridad Pública reconoció que en esta entidad de 2015 a 2020 se suscitaron 12 mil 751 homicidios dolosos, existen 100 mil desplazados de sus lugares de origen; también aumentaron los feminicidios, toda vez que se contabilizó el asesinato de 873 mujeres, dejando en la orfandad a 150 niños.
“El nivel de expansión y agudización (de la violencia) genera que la entidad esté por encima de la media nacional y eso ha pasado en los últimos ocho años. A esto se suman las masacres, cuando se priva de la vida a más de tres personas. En 2020 hubo 55 en Michoacán, en 2021 hubo 63 y en lo que va de 2022 son 16; esto implica que se diversifica la violencia”, detalló Ramírez Sánchez.
El problema no se queda solo a nivel estatal, ya que a partir de esto se generaron también procesos inflacionarios donde el aguacate superó los 100 pesos y el limón llegó a valer 80 debido al control de los territorios, ejemplificó.
A estos problemas se suma el evidente “interés político-electoral de estos grupos. En la última elección el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló cuatro municipios donde la sentencia decía que era por la injerencia de los grupos delictivos, algo que nunca se había dado en el país”, señaló el especialista en violencia y transición hacia la democracia.
Dijo a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades y de Preparatoria de la UNAM –quienes siguieron el encuentro a distancia– así como alumnos y profesores del CBTIS 12 –que acudieron a la charla– que al establecerse los grupos ilegales inició una lucha territorial que ha generado ciclos de violencia que, en lugar de acabar, se incrementan con el tiempo.
“Michoacán es uno de los estados con fronteras hacia estados con mayores índices de violencia -Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima- y eso propicia que haya una disputa muy fuerte por las fronteras, que son escenarios de disputa por el tráfico de la droga; también está que las regiones que son enclaves económicos muy fuertes son zonas de disputa, lo que explica por qué las regiones más violentas del país son Zamora, Morelia y Uruapan”, apuntó Ramírez Sánchez.
Eso implica que se dé una disputa por el Puerto Lázaro Cárdenas, donde llegan los insumos provenientes de Asia para la producción de droga sintética. Entonces, la violencia siempre está en disputa por la actividad económica y los espacios, recalcó.
El investigador recordó que en 2011 y 2012 los grupos ilegales controlaron 80 de los 113 municipios –situación documentada– cuando se reveló que había cooptación del Estado, y quienes decidían la vida municipal eran los grupos delictivos. Entonces se habla de un Estado paralelo.
Ante esta situación, se presentaron en la región las autodefensas, o grupos formados, en un primer momento, por aguacateros y otros productores agrícolas para enfrentar al crimen organizado; lograron una cobertura importante en casi todo el territorio michoacano.
El principal problema es que sufrieron infiltraciones, tuvieron fracturas internas por los liderazgos, y enfrentaron la represión del Estado, hasta convertirse en guardias rurales, rememoró.
“En 2014 el Gobierno Federal creó una estructura para burocratizarlo y estableció la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo, quien tenía antecedentes bastante dudosos y su tarea fue desmantelar las autodefensas a través de las guardias rurales. ¿Qué pasó? Muchos se integraron a las guardias, otros regresaron a sus actividades anteriores, y se cree que muchos pasaron a las filas de los cárteles”, señaló Ramírez Sánchez.
Debido a esta situación, el investigador estimó necesario recuperar el Estado de derecho, pues sin él no hay paz social. Si no se asume la responsabilidad, tampoco se recupera la hegemonía territorial y los grupos se siguen enfrentando, la situación continuará en aumento; además, se deben generar oportunidades para los jóvenes antes de que consideren al narcotráfico como la mejor opción de vida.
