Las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Desarrollo Económico y Social; y Vigilancia analizarán la propuesta de Acuerdo Económico para la creación de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de San Luis Potosí.
Con ello, se dará cumplimiento a los compromisos establecidos por el Estado Mexicano de lo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción global suscrito por la mayoría de los países, México entre ellos, que busca encauzar y sistematizar los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en tres esferas – económica, social y ambiental – para que nadie se quede atrás.
Es así que como parte del Estado mexicano, el Poder Legislativo de San Luis Potosí tiene una responsabilidad fundamental en el compromiso de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas.
Al ser un Poder que cuenta con las atribuciones constitucionales para incidir en la asignación de recursos presupuestarios, se le habilita a las y los legisladores a poder influir en la orientación del gasto público hacia los compromisos de la Agenda 2030 y que, con base en evidencia, se reconozcan las prioridades y retos específicos de cada demarcación, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas y favoreciendo la transformación de los objetivos en acciones concretas.
De esa manera, el Poder Legislativo favorece el cumplimiento del ODS 16 que promueve la creación de instituciones que rindan cuentas y que permitan ayudar en alcanzar el objetivo de la multicitada Agenda 2030.
Para su buen funcionamiento y operatividad se considera que las atribuciones de la Comisión Especial Agenda 2030 serán las siguientes: proponer al Pleno la creación de Mecanismos de seguimiento para la implementación de los ODS; sugerir al Pleno instalar al interior del Congreso Grupos de Trabajo interdisciplinarios para el Seguimiento Legislativo de los ODS; mantener una campaña informativa permanente acerca de la Agenda 2030 al interior del Congreso; promover actividades en el Congreso que sensibilicen a los legisladores sobre su papel estratégico en la consecución de los ODS; coadyuvar con las demás Comisiones Legislativas para aumentar la inclusión de los ODS en la exposición de motivos de las iniciativas de ley; promover que los dictámenes de ley reconozcan explícitamente su contribución al desarrollo sostenible; contar con un plan de trabajo y mecanismos que permitan coadyuvar a la evaluación de los ODS.
Además, establecer una vinculación efectiva con el Consejo Nacional de la Agenda 2030, a efecto de que los resultados de sus trabajos puedan ser tomados en consideración en las reformas o creación de leyes; seguimiento a la planeación y al presupuesto que los órdenes de Gobierno Ejecutivo destinen para el cumplimiento de la Agenda 2030.
También, previa anuencia de la Presidencia del Congreso, fungir como un eje vinculante con las instancias internacionales, federales y locales, así como la ciudadanía y la sociedad civil organizada: realizar los ejercicios de rendición de cuentas y control legislativo establecidos en la normativa aplicable, y fiscalizar así la labor del Ejecutivo Estatal y Municipal, con un enfoque específico en la implementación de la Agenda 2030.
