Con el establecimiento de salarios fijos a trabajadores del campo y otorgamiento de prestaciones de Ley, la producción agrícola para exportación es motor del cambio rural, aunque no representa la totalidad de los cultivos en el país, pues se concentra en apenas algunas entidades, coincidieron en señalar expertos reunidos por el Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM.
Para celebrar el vigésimo aniversario de esta actividad académica, se llevó a cabo la charla “Trabajo agrícola y cambio social en el México rural. Perspectiva a 20 años”, ofrecida por Agustín Escobar Latapí y Mercedes González de la Rocha, investigadores de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) quienes compartieron los resultados de su trabajo con productores agrícolas de berries, pepino y aguacate.
Escobar Latapí comentó: “La producción agrícola para exportación es el motor del cambio rural en este momento. Sin embargo, hay una tendencia importante al monocultivo o la reducción de la diversidad en la mayoría de las zonas exportadoras y esto tiene costos. La subsistencia es cada vez más difícil a partir del cultivo propio en zonas exportadoras, hay una migración interna rural-rural, que se revitaliza con este crecimiento agrícola”.
Acompañado por Enrique Provencio, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), destacó: si hay un grupo mexicano que ejemplifica de manera clara la desigualdad y la exclusión de la que ha sido capaz la sociedad mexicana, es el de los jornaleros.
Recordó que de 1930 al 2000 los procesos de emigración rural-urbana y a los Estados Unidos llevaron a crear una serie de programas que trataban de retener a los campesinos, quienes fueron relativamente exitosos hasta 1970. Pero a finales de los años 80 el sistema ya no funcionaba, y la decisión política fue eliminarlo y liberalizar las condiciones.
El investigador explicó que probablemente la peor época de despoblamiento fue el cambio de siglo, de 1995 a 2005, en el que hay una producción estancada y migración importante de las comunidades a la unión americana y a la Ciudad de México. Pero en 2007 se aceleró un proceso sustancial: las exportaciones.
En la actualidad la población de jornaleros incluye aproximadamente a 5.5 millones de personas entre empleados, quienes trabajan con sus papás y asalariados: dos millones en Estados Unidos y tres millones en Canadá, el resto migra al interior de México.
Escobar Latapí precisó que lo anterior llevó a cambios fundamentales en el ámbito laboral, porque se dio la salarización de la población trabajadora agrícola mexicana y aunque en 2011 disminuyó debido a las deportaciones de EU, sus ingresos volvieron a subir gracias al crecimiento de la agricultura y de una serie de organizaciones y cambios institucionales.
En los últimos tiempos, reflexionó, aumentó la producción, hay repoblación de ciertos lugares, al mismo tiempo la migración del sur a las zonas del oeste y el noroeste produce crecimiento urbano irregular y precario, con lugares de destino, condiciones ambientales en algunos casos realmente difíciles.
“El gran cambio de los últimos tres años es la reducción sustancial de los subsidios del Estado a los productores, pero una parte de esa reducción se llevó a los jornaleros de corbata, porque cerraron guarderías, se dejó de pagar por infraestructura, se invalidaron acuerdos con los empleadores, entonces ha habido un cambio importante ¿Se necesitan esos mismos programas? No, habría que aprovechar para mejorarlos, pero los jornaleros sí necesitan apoyos y eso sin duda”, enfatizó Escobar Latapí.
González de la Rocha, colaboradora del experto del CIESAS, añadió que las anteriores reflexiones surgen de una revisión de la situación agrícola en Jalisco: Zapotlán el Grande y Sayula, productor de los frutos llamados berries, que rige la dinámica regional; en el Valle del Río Culiacán (Culiacán y Navolato, Sinaloa) con cultivos de tomate, pepino, pimiento y berenjena; además de la Costa de Baja California, en San Quintín y Maneadero, productor de fresa, tomate, zarzamora y arándanos.
Su trabajo evidencia que campesinos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz tratan de insertarse como jornaleros en Sinaloa, Baja California y Jalisco debido a que viven en pobreza extrema, pero aquí podrían ganar un salario y tener algunas de las prestaciones de ley.
Sobre los programas sociales y servicios que llegan a ellos, la investigadora expuso que “realmente aquí es muy notable la ausencia de un Estado protector o benefactor, o al menos la ausencia de un Estado que dice que va a proveer. Se pagan las cuotas del IMSS pero los médicos están ocupados o los servicios son malísimos. Se paga el servicio de guarderías que no existen desde hace mucho tiempo, hay una serie de cosas de las que ese Estado benefactor cojea y lo hace muy duro”.
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