El día de hoy se llevó a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa del Estado en el caso de Arturo Medina Vela, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este acto es de vital importancia pues es el primer dictamen emitido al Estado mexicano por el citado Comité con relación a violaciones de derechos humanos de una persona con discapacidad.
En este caso (D 32/2105) el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su dictamen, recomendó al Estado mexicano, en lo que respecta a la víctima:
1) Proporcionarle una reparación efectiva, incluido el reembolso de cualquier costo judicial en que haya incurrido, junto con una indemnización.
2) Reconocer públicamente la violación de los derechos de la víctima conforme al dictamen y adoptar cualquier otra medida de satisfacción adecuada.
3) Publicar el dictamen y distribuirlo ampliamente, en formatos accesibles, a fin de que llegue a todos los sectores de la población. Lo anterior, con el objetivo de evitar que cometan violaciones similares en el futuro.
Por ello, el Estado mexicano — como parte de su política internacional en materia de derechos humanos y en cumplimiento con sus compromisos internacionales y su colaboración con organismos internacionales en la materia— ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad por no haber actuado, en su momento, con la debida diligencia ante los inaceptables hechos contra en ciudadano Arturo Medina Vela.
En representación de la Cancillería, el Dr. Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia dijo que “Las anteriores medidas son fruto de la tenaz, incansable y ejemplar lucha de tu familia y tus representantes, por conseguir el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. […] Nos refrenda la oportunidad del Gobierno federal de fortalecer las capacidades institucionales de respuesta para la protección de los derechos humanos de todas las personas en México con alguna discapacidad, que se ve reflejado en los esfuerzos que emprende el Estado mexicano para contar con un marco jurídico e institucional a la altura de ese desafío, con el acompañamiento de los organismos internacionales expertos en la materia, de la sociedad civil, de los colectivos y sobre todo, con el acompañamiento de las familias de las víctimas. […] Por ello, a nombre de la Cancillería, […] le expresamos nuestra más sincera empatía y reconocimiento por la lucha que han llevado todos estos años.”
Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, dijo que este caso evidencia la forma arcaica en que se impartía justica. Añadió que, en cumplimiento del Dictamen, ya se está trabajando en la adecuación del marco normativo y de actuación local para que, desde el primer respondiente hasta el proceso de impartición de justicia, se dé una atención de acuerdo a los estándares y tomando en cuenta las necesidades de personas con discapacidad psicosocial. El magistrado presidente del Tribunal Supremo de la Ciudad de México, Rafael Guerra Alvarez, dijo que ya se encuentran colaborando con organizaciones de la sociedad civil para que, con su acompañamiento, se pueda dar debida atención a casos como este.
Durante la disculpa pública, el subsecretario para Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez dijo: “a nombre del Estado mexicano se le ofrece una disculpa pública por las atroces violaciones a sus derechos humanos […] lo hacemos con la convicción que nos mueve a los que representamos al gobierno en esta administración”.
Finalmente, Judith Medina Vela, madre de Arturo Medina Vela, agradeció la sensibilidad del Estado mexicano y añadió que espera que esto ayude a que casos como este no vuelvan a ocurrir.
Estuvieron también en el acto, Maria Sirvent, de DOCUMENTA A.C; Guillermo Fernández, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y la Dra. Amalia Gamio, experta del Comité sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Cabe mencionar que los actos de reconocimiento de responsabilidad del Estado y las disculpas públicas ante violaciones a derechos humanos ocurridos en el pasado forman parte de la reparación integral. Además, reflejan una actitud responsable del Gobierno mexicano, quien admite sus omisiones, repudia estas prácticas y asegura que se tomarán las medidas adecuadas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Con estas acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su compromiso con el cumplimiento las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con mantener un diálogo con los organismos internacionales en la materia.
