La administración entrante va a recibir el estado en mejores condiciones financieras que las heredadas en 2015 al Gobierno Carrerista, aún con las consecuencias económicas de la pandemia y la situación nacional se mantiene un escenario financiero manejable; se trabajó responsablemente y se dejan menos pasivos, menos deuda, mejores calificaciones crediticias, mejor recaudación, mayor inversión pública y menos gasto operativo, dijo Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, en el marco de la glosa del sexto y último Informe de la Administración Estatal, ante diputados y diputadas integrantes de la LXII Legislatura.
El titular de la SEFIN precisó que San Luis Potosí mantiene un escenario financiero manejable y, condiciones favorables para continuar con el desarrollo del estado. Para enfrentar los retos económicos es imprescindible la cooperación de los tres Poderes en fortalecer las capacidades institucionales y financieras, y así hacer frente a un incierto escenario presupuestal que requerirá la redefinición de las prioridades de gasto, buscando ante todo mantener la atención de las necesidades básicas de la población potosina.
Respecto al tema de los aguinaldos, informó que se está construyendo una estrategia, el pago de las prestaciones de fin de año está garantizado, como se ha realizado cada año, y precisó que es una situación que se ha presentado en años y administraciones anteriores y en coordinación con la administración entrante se revisarán las opciones financieras para cubrir ese pago.
Informó que, sin incremento de cargas fiscales, con eficiencia recaudatoria y el fortalecimiento de programas de fiscalización, se aumentaron los ingresos globales en 16 por ciento en el período 2015-2020, así como un 21 por ciento refiriéndose exclusivamente a los ingresos estatales. Sin embargo, al igual que los ingresos federales transferidos, estos presentaron una reducción significativa en los ejercicios 2020 y 2021, como efecto de la Pandemia por COVID – 19.
Aún con el efecto de los dos últimos ejercicios, se recaudará un monto acumulado de 20 mil 481 millones de pesos, lo que representa un incremento del 61.6% respecto al mismo periodo de la anterior administración.
La administración estatal cuenta con el terreno “FORD” activo, que representa una posible fuente de fortalecimiento de los ingresos estatales mediante su usufructo o eventual venta para la futura Administración Estatal, que tiene un avalúo de 1,600 millones de pesos.
La gestión de apoyos federales para el fortalecimiento de los ingresos, hasta el año 2018 permitió la obtención de más de 3 mil 300 millones de pesos destinados tanto al fortalecimiento del sector educativo como al saneamiento de los pasivos financieros del Estado.
En materia de contención del gasto de operación, se logró reducir en 14.6 por ciento el gasto operativo y bajar los salarios de las y los funcionarios de primer nivel.
El incremento en los ingresos, así como el aprovechamiento de los recursos obtenidos a través de las medidas de austeridad, permitieron aumentar el gasto registrado en inversión pública en un 110 por ciento, lo que favoreció la materialización de importantes proyectos de infraestructura básica en los 58 municipios, así como de movilidad metropolitana e infraestructura hospitalaria.
Al corte de la segunda cuenta pública trimestral, se registró una reducción de los pasivos totales por 6 mil 077.6 millones de pesos, (28.6 por ciento menos del monto recibido), destacando las disminuciones presentadas en los pasivos correspondientes al sector educativo a través de la implementación de medidas estructurales y aportaciones financieras extraordinarias.
En lo que se refiere al manejo de la deuda bancaria, al mes de septiembre, se redujo el saldo recibido de la deuda bancaria en 22.5%, más de 1 mil millones de pesos menos del monto recibido, lo que a su vez representa un logro histórico, siendo la primera de las últimas administraciones estatales que no recurrió al endeudamiento durante su gestión.
Con ello, se modificó la tendencia histórica en el manejo de la deuda bancaria en el Estado, misma que de haber continuado hubiera concluido con un saldo estimado de 5 mil 400 millones de pesos, casi 1 mil 800 millones de pesos adicionales al saldo proyectado a septiembre del 2021.
En materia de infraestructura se reforzó a través del establecimiento de proyectos conjuntos de desarrollo con la federación y actores de la iniciativa privada, que permitió concertar más de 34 mil 600 millones de pesos que se encuentran actualmente en ejecución y durante los próximos años, de entre los que destacan la construcción de importantes carreteras federales como la Valles – Tamazunchale o la que une Matehuala, Cedral y su entronque a Catorce; la construcción, operación y mantenimiento de vías de comunicación a través del esquema de Asociaciones Público Privadas; la construcción de la Vía Alterna; la ampliación del aeropuerto de la Huasteca; o la puesta en marcha del nuevo Hospital Central.
Los efectos generados por las actuales condiciones derivadas de la ocurrencia de la Pandemia por COVID 19, mismos que han impactado de forma relevante el balance financiero del Estado.
Se registró una reducción en la recaudación local por 294 millones debido al otorgamiento de estímulos para apoyar el mantenimiento de empleos, así como por el efecto de la contracción de la economía local.
Por su parte, en este mismo ejercicio se incrementó el gasto del Sector Salud en 499 millones de pesos derivado de la reconversión hospitalaria. Se incrementó en 403 millones la aportación estatal al Hospital Central y Servicios de Salud del Estado por el cambio de reglas de operación del INSABI antes Seguro Popular; y se realizó la erogación de 77 millones de pesos adicionales destinada a la atención alimentaria de las familias más desprotegidas en la Entidad durante la Pandemia, así como a la implementación de medidas para la reactivación económica a través del otorgamiento de microcréditos.
Todo ello derivó en un balance financiero negativo por 1 mil 553 millones de pesos, mismo que obligó a adoptar medidas de recorte presupuestal en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo por más de 200, así como la impostergable necesidad de recurrir a la contratación de créditos a corto plazo por 1 mil 300 millones para estar en posibilidad de cubrir los compromisos de gasto al cierre del ejercicio fiscal 2020.
La actual administración contrató y liquidó a la fecha créditos a corto plazo por 1 mil 300 millones de pesos, que, en comparativa con las estrategias seguidas por las restantes entidades del país, representó el cuarto menor monto solicitado de entre 24 entidades que recurrieron a la contratación de cortos plazos y deuda bancaria para hacer frente a las presiones derivadas de los efectos de la pandemia sanitaria.
