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RESALTA REGIDOR DANIEL GONZÁLEZ LEGALIDAD EN MAGNA OBRA SOBRE ROCHA CORDERO.

porRedacción

Jul 9, 2021

“El argumento sin sustento de una supuesta invasión ejidal con la construcción del puente elevado sobre Rocha Cordero, está matizado con tintes políticos y quizás económicos en busca de alguna indemnización, y hasta por desconocimiento y nula información de la realidad jurídico legal”, así se expresó el regidor Daniel González Ayala, Presidente de la Comisión de Alumbrado y Obras Públicas.

Lo primero, añadió, porque el abogado que representa a los ejidatarios se presume que tiene conexiones con el presidente de un partido político; lo segundo, porque es común acudir a estas estrategias en casos en los que se pretende algún beneficio pecuniario.

Y lo último, porque basta ver los documentos oficiales del Registro Agrario Nacional (RAN), vigentes para confirmar que no hay invasión alguna, “para no escudarse en confusiones de las que se están aprovechando y que datan de 1928”.

Agregó el regidor González Ayala que al analizar los planos de esa zona en poder del RAN, se puede dar cuenta de que no se está invadiendo ni un centímetro de tierras ejidales: “sería gravísimo hacerlo. Hay un polígono territorial cercano, pero a la vista se advierte que no hay ninguna invasión”.

Abundó que con esas artimañas se agrede una obra de gran valía que reclama la sociedad y tantas personas que diariamente se desplazan a la Zona Industrial en condiciones difíciles, por los nudos vehiculares que duran horas, obstaculizando las actividades productivas de mucha relevancia porque generan riqueza para la ciudad y el Estado.

“Es fácil para algunos que no viven allá o que no tienen que desplazarse obligadamente y enfrentarse a los embotellamientos, escudarse en procesos legales con el fin de obstaculizar la construcción de obras, que no será el caso porque la realidad es muy distinta”, advirtió el edil.

Además, dijo que lo que ahora se construye es un brazo elevado que va sobre una obra en superficie, el bulevar Rocha Cordero, que hizo el Gobierno del Estado en 1970 y que seguramente liquidó las indemnizaciones correspondientes.