Antes de que se apruebe una iniciativa de reforma, primero se deberá determinar el impacto presupuestal que, en su caso, habrá de tener, con el objetivo de que el Ejecutivo federal, estatal o municipal responsable de su aplicación y observancia, cuente con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para garantizar su cumplimiento.
Así lo dio a conocer la diputada María Isabel González Tovar a través de la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que señala que cada iniciativa que se presente ante el Congreso del Estado, de ser necesario, debe de llevar un impacto presupuestal, es decir, si financieramente es factible o no.
Mencionó que anteriormente la ley en la materia permitía que el presentar el estudio de impacto presupuestal de una iniciativa de reforma fuera opcional, lo cual generaba una desestabilización en el presupuesto del Ejecutivo, ahora se busca evitar esta situación y que dicho análisis sea obligatorio, y cuente con el aval de la oficina de Finanzas.
La diputada manifestó que, de hecho, parece que a veces la ley crea conflictos en lugar de resolverlos, empero, para prevenir esta situación, es ampliamente recomendable efectuar un análisis de viabilidad dentro del proceso legislativo y, una de las herramientas más importantes es el análisis de viabilidad financiera; se trata de un estudio para verificar la factibilidad económica de la ley, pues al realizar este análisis se deben tomar en cuenta indicadores macro y micro, en la medida en la que éstos determinarán la salud de las finanzas públicas y, consecuentemente, la posibilidad de ejecutar con eficacia los mandatos de nuevas disposiciones.
Remarcó que en tal sentido, el análisis financiero debe ser realizado preferentemente por expertos en la materia, que estén familiarizados con iniciativas de presupuesto, Ley de Ingresos, Leyes Fiscales y Criterios Generales de Política Económica, sin embargo actualmente la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, contempla la obligación para que las iniciativas de ley o de decreto que se presenten a la consideración del Congreso del Estado deberán ir acompañadas por una evaluación del impacto presupuestario del mismo, la cual será validada por el Ejecutivo Estatal, previo a su aprobación; empero, los legisladores o los propios ciudadanos no cuentan a su alcance con las herramientas suficientes para adjuntar a su propuesta de reforma de ley un impacto presupuestal, pues obligarlos a que lo presenten, es pretender que todos los proponentes cuenten con una especialización técnica en materia de política económica y presupuestal.
Por lo anterior y con esta nueva reforma el Congreso del Estado a través de sus comisiones, una vez que se presenten las iniciativas de ley, podrá pedir la colaboración del Ejecutivo del Estado para que emita una evaluación del posible impacto financiero que traerá consigo la puesta en marcha del proyecto de ley o decreto que se pretende poner a consideración del Pleno Legislativo para su votación, pero de ninguna manera solicitar a los proponentes que se adjunte con la iniciativa de ley.
Finalmente la diputada María Isabel González Tovar añadió que en este momento de creación de la norma, hay que tener claro que una buena ley, para desplegarse adecuadamente en el mundo material, debe contar con el respaldo de la autoridad ejecutora, además resolver los conflictos, en lugar de generarlos, porque de lo contrario lejos de alcanzar su propósito, se convertirá en un obstáculo para la autoridad. La iniciativa fue turnada para su análisis a comisiones.
