El diputado Edgardo Hernández Contreras afirmó que legalmente no es necesario que el Congreso del Estado autorice una reestructuración de la deuda pública del Poder Ejecutivo y de hacerlo, estaría cargando con la responsabilidad política y social de endeudar a las próximas administraciones.
En conferencia de prensa, el legislador expuso que la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí en el artículo 19, establece que “las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización del Congreso del Estado siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
Exista una mejora de la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV de esta Ley; o tratándose de reestructuraciones, exista una mejora en las condiciones contra actuales. No se incremente el saldo insoluto y no se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivo, no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento durante el periodo de la adminis6traciónb en curso, ni durante la totalidad del periodo de financiamiento.
Señaló el diputado Edgardo Hernández que “este tipo de desbalances presupuestarios, no son recientes, pues es necesario recordar que en la fiscalización que efectuó la Auditoria Superior de la Federación, a la Secretaría de Finanzas respecto de la cuenta pública del año 2018, relativa al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, determinó la ASF que el Ejecutivo incumplió con la Ley”.
Lo anterior “porque la cuenta pública reflejó un Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo por la cantidad de 209.4 mdp, es decir, tuvo un gasto mayor a los ingresos, por lo que ocasionaron un déficit o pasivo por la mala administración de los recursos lo cual provoca un boquete financiero”.
Hernández Contreras dijo que “la deficiente administración de los recursos públicos, que la Secretaria de Finanzas ha llevado en los últimos años, han provocado un déficit de las finanzas públicas hasta generar cómo he dicho, un boquete financiero de alrededor de los 900 ó 1,000 mdp como se expuso en la Ley de Presupuesto de Egresos para el 2021”.
“Por eso hoy se pide claridad y transparencia al hablar de Reestructura o refinanciamiento. Siempre se dice que no se va a endeudar más al Estado y esa es una verdad a medias, porque si bien la deuda no crece, se deja a las siguientes administraciones el compromiso de que la pague, dejándolas con el problema, porque al final son los potosinos los que tendrán las carencias y los aumentos de impuestos para pagar algo que nunca les favoreció”, expuso.
