La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dejar sin efecto el decreto por el que se emitió la Ley de Asistencia Social, por afectar a personas con discapacidad sin ser consultadas, aún no surte efectos y será atendida por el Congreso del Estado.
El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdova afirmó lo anterior y dijo que “surtirá efecto hasta que hayan pasado 180 días de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y se está a la espera de la notificación de la SCJN para atender los lineamientos sobre la inconstitucionalidad a través de la consulta”
“Sin embargo, y sin esperar a que se agoten los plazos de la sentencia, nos allegaremos de elementos de lo que se conozca de los argumentos de la sentencia para introducirlos a la consulta que está en proceso, ya que éste es argumento principal de la sentencia “la falta de consulta” y el uso incorrecto del lenguaje en la norma impugnada”, dijo.
La decisión de la SCJN se dio “en virtud de las acciones de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH), demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado del pasado 20 de junio de 2017, mediante Decreto 661”.
El diputado Juárez Córdova expuso que “la sentencia de la SCJN gira entorno a la violación del artículo 4.3 de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad ante la falta de “consulta previa” a reformas legislativas que les afecten”.
“Nada sobre nosotros sin nosotros” es el lema acuñado por el movimiento a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Es una expresión que comunica la idea de que ninguna decisión que influya sobre ellos debe hacerse sin su participación, manifestó el legislador.
“Además la SCJN puntualiza que los artículos impugnados de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, (decreto número 661) en el Periódico Oficial del Estado (20 de junio de 2017) utilizan un lenguaje “discriminatorio”, que se aparta de lo dispuesto por la Norma Fundamental y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, dado que se refiere a las personas con discapacidad como personas con “desventaja física y mental”, estereotipando y vulnerando la dignidad humana”, expuso el diputado Juárez Córdova.
